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RANCAGUA, O'HIGGINS - CHILE
CREADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2006
AÑO 11 - EDICIÓN N°3.560
Las tareas de la corte
08.Abr.2018

Escribe Samuel Fernández Illanes, Académico Derecho Universidad Central.

Concluidos los alegatos orales, la Corte deberá deliberar para dictar sentencia. No tiene plazos, sólo logar la unanimidad o mayorías claras de sus Jueces. También proceden opiniones disidentes fundamentadas. Será una fuente auxiliar más del Derecho Internacional, y aquí está el desafío adicional.

El pleito ha tenido características inusuales, lo queramos o no. Bolivia lo ha politizado con tendencias ideológicas evidentes, que sus abogados han mostrado en todo momento, junto a innumerables recriminaciones de sus autoridades, el Presidente incluido y presente en sus ponencias. Un apoyo que sobrepasa lo legal. Además, han expuesto los hechos históricos, omitiéndolos o parcializándolos selectivamente, a objeto de distorsionar la verdad real. Paralelamente, han rodeado el caso de una campaña comunicacional furibunda, a veces insultante, con desafíos inaceptables, y reivindicación de territorios chilenos bajo soberanía más que centenaria. En síntesis, buscando la devolución de los territorios perdidos en una guerra que equivocaron, como si no hubiere existido.

A la Corte corresponderá, igualmente, reencauzar jurídicamente el caso y desechar aseveraciones desafiantes para el derecho vigente. Por ejemplo, el que los tratados de límites, para Bolivia no son permanentes ni estables, cada vez que una de las partes presiona por revertirlos, y se suceden tratativas o propuestas que no prosperan, lo que crearían una obligación legal continua y progresiva. Lo pactado en ellos, resultaría cuestionado. O que las resoluciones de los Organismos Internacionales (entre ellas las de la OEA), no son recomendaciones sino obligaciones vinculantes que otorgan derechos. Toda una novedad, que contradice la propia Carta de la ONU, al disponer que, la Asamblea General “hará recomendaciones…” sobre sus competencias (Art. 13). Otro propósito que intenta politizar los fallos del Tribunal, como si fuera un órgano político más, y no jurídico. Y finalmente, alegar que el derecho se opondría a la justicia, cuando no los favorece, haciéndolos contradictorios.

No son propósitos bolivianos sólo referentes al pleito con Chile, sino que inciden directamente con la práctica internacional habitual de los organismos del sistema de Naciones Unidas, además de re-interpretar el derecho unánimemente aceptado. No será fácil la tarea de la Corte. En sus manos estará, no sólo sentenciar sobre el caso, sino que salir al paso a los pretendidos revisionismos planteados. 

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